Violencia social y carencia de servicios entre consecuencias de la concentración poblacional

SANTO DOMINGO. La concentración de una alta proporción de la población de una ciudad, trae consigo un incremento de las problemáticas sociales, tales como la violencia, la falta de empleos, deterioro del medio ambiente y la carencia de los servicios básicos. 


En ello coincidieron ayer sociólogos y urbanistas, al analizar las cifras que dio a conocer la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de que, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, más del 35% de la población dominicana reside en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El sociólogo Antinoe Fiallo plantea que al producirse una alta concentración de la ciudadanía en una cantidad más reducida de kilómetros, se genera un incremento de los factores de violencia, que obliga a los Estados a tener que recurrir a una mayor cantidad de medidas de control. 

"La alta concentración de pobreza en un área, genera reacciones en las capas sociales de distinta naturaleza y provocan lo que le llamamos la piratería urbana, en que una parte de la población, para poder subsistir, en poco espacio y situación económica precaria, se enfrenta más cara a cara", dice.

También la encargada de Investigación del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Yenny Torres, entiende que esos procesos de migración interna que se dan hacia las ciudades, carecen de planificación y por ende se producen los grandes hacinamientos, con su consecuente ausencia de intimidad, propagación de enfermedades y la falta de acceso a los servicios adecuados y fundamentales, tales como la vivienda, salud y educación. 

"El tema de la vivienda es fundamental, porque se producen casas improvisadas, con materiales de desechos y es lo que hace que la gente tenga mayor exclusión y situación de riesgo, tan sencillo como falta de estudio, las enfermedades, agua potable, higiene sanitaria", advierte.

Además de la demanda de servicio, el arquitecto urbanista Omar Rancier ve además una carga ambiental que crea más deterioro de esos recursos.

Aunque desde perspectivas distintas, los tres coinciden en la necesidad de que el problema se enfrenta desde una visión descentralizada de las políticas sociales, en donde se le dé real participación a los gobiernos locales y se invierta más recursos en los campos para evitar las migraciones masivas hacía la urbe.

Rancier, encargado del Departamento de Formulación de Políticas de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, considera que como parte de las acciones se debe, además de crear oportunidades de trabajo en los campos, elaborar los planes de urbanización que determinen los usos de la tierra, para definir cuáles son urbanizables y cuáles de reserva. 

En ese sentido, destaca los avances que da el Gobierno desde esa oficina en el sentido de que crear el marco legal para el ordenamiento territorial.

El círculo clientelar

Tanto Fiallo como Torres ven en la falta de servicios, de empleos y de atención estatal los factores determinantes que expulsan a la población rural hacía las urbes. Fiallo considera que para revertir esa situación hay que entender el desarrollo social de manera descentralizado y asociado a las actividades locales de sobrevivencia.

Sin embargo, tanto él como Torres, ven una falta de interés de quienes dirigen la nación, en desarrollar los gobiernos locales, para así poder mantener sus políticas clientelares que son las que, en épocas de elecciones, ponen o quitan a los presidentes.


Diario Libre